Defensa de las víctimas
5 de junio de 2010 En el mensaje del 21 de mayo, el Presidente Sebastián Piñera señaló que en su gobierno "se protegerá con eficacia y prontitud a las víctimas de delitos". Agregó que "a ratos pareciera que nuestro sistema judicial se preocupa más de los derechos de los delincuentes que del sufrimiento de las víctimas. Incluso hay casos en que el delincuente sale de la cárcel antes que la víctima del hospital". En concreto, anunció suma urgencia a la reforma constitucional que consagra la obligación del Estado de proporcionar defensa penal gratuita a las víctimas de delitos graves que no puedan costeársela por sí mismas, con lo cual dará cumplimiento al Acuerdo Nacional sobre Seguridad Pública suscrito en octubre del año 2008, que sin justificación alguna, en ésta y en otras materias, el gobierno de la Concertación no materializó. Desde la Defensoría Nacional de los imputados, más algunos fiscales y abogados han criticado este anuncio. Su oposición se fundamenta en que "provocaría una distorsión del procedimiento penal", lo que sería "pernicioso para el mismo" y que "los fiscales representan los intereses de la sociedad y que no pueden ser otros que los mismos de las víctimas". Estos argumentos tienen un error de fondo. Los fiscales del Ministerio Público están gobernados por el principio de objetividad, esto es, deben investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que lo eximan de ella, la extingan o la atenúen. En consecuencia, están expresamente impedidos de asumir la representación de las víctimas en los procesos judiciales. No son ni pueden ser sus abogados. La conclusión es evidente: existe un grave vacío en nuestra legislación. Mientras el imputado tiene defensa gratuita proporcionada por el Estado, la víctima no la tiene, lo que rompe el principio básico de igualdad ante la ley en un Estado de Derecho democrático y atenta contra la eficacia del sistema de justicia como herramienta de paz social. En otras palabras, la función del Ministerio Público es totalmente compatible con el derecho de las víctimas a contar con un abogado particular. Más aún, así ocurre actualmente, siempre que tengan los recursos para contratarlo. Sucede, también, cuando el afectado tiene la suerte de que su caso sea asumido por una organización privada o clínica jurídica de alguna universidad que le proporcione la asistencia legal. De lo que se trata, entonces, es que las víctimas que carecen de medios para contratar un abogado tengan la misma oportunidad de quienes tienen recursos para hacerlo. Cuesta entender que existan tantas reservas y temores frente a la consagración de un derecho básico en una democracia, cual es el principio de igualdad ante la ley. El prestigioso profesor de Derecho Penal Alberto Winder, uno de los principales ideólogos de las reformas procesales en América Latina, ha dicho que el Estado "ha fracasado en su intento de subrogar el interés de la víctima, porque lo único que se ha logrado es que la víctima expropiada de su conflicto no sea atendida por el Estado y deba sacrificar sus intereses a un dudoso interés general". La obligación del Estado de proporcionar defensa a las víctimas se inspira en un principio democrático, que es dar a todas las personas afectadas por un hecho relevante, como es un delito, la posibilidad de intervenir y participar directamente en el proceso que lo afecta. Privar a las víctimas que carecen de recursos de la posibilidad de contar con asesoramiento y defensa jurídica es marginarlas de las decisiones que las involucran directamente, algo que nos trae a la memoria los vicios y exclusiones del antiguo proceso penal. Finalmente, en cuanto a la forma de materializar en la ley este derecho, el mismo Acuerdo Nacional sobre Seguridad Pública establece como principios que sea un órgano autónomo del Gobierno, que administre un sistema flexible de asistencia jurídica a las víctimas y que podrá celebrar para el cumplimiento de sus funciones convenios con instituciones públicas y privadas, tales como municipalidades, universidades, ONGs y otros organismos prestadores de asistencia legal. Es de toda justicia cumplir con este compromiso asumido frente a la ciudadanía desde hace años, respecto del cual tanto se habla en los períodos electorales y que con tanta facilidad, y distintos pretextos, los gobiernos de la Concertación olvidaron. |